La posición tiene la responsabilidad de “velar porque la actividad del sector público se ajuste al ordenamiento jurídico y la moral, de forma tal que los derechos e intereses de los habitantes siempre estén protegidos”. Pero siendo Taitelbaum la ungida de los hermanos Arias, es absolutamente cuestionable como puede desempeñar tal función con independencia alguien que es tan cercano a quienes ostentan el poder, y que muy probablemente lo harán indirectamente durante el siguiente periodo.
Las declaraciones de Taitelbaum al inicio del proceso ponen en tela de duda sus intenciones y la importancia que le da a su nuevo cargo. Al ser cuestionada acerca de su capacidad de ser objetiva si fuese electa dijo: “¿Qué cosa tan importante puede haber de controversia en la Defensoría como para que uno no pueda tener la independencia de pronunciarse?”. Esto se puede interpretar como un menosprecio a las labores de la institución que va a encabezar, propio de alguien que asume un cargo simplemente por exposición y para esperar el movimiento en sus cuentas bancarias a fin de mes. Pero el abierto apoyo de los prepotentes hermanos Arias, junto a las numerosas faltas cometidas por funcionarios de su gobierno que quedaron sin sanción pertinente, hacen pensar que la colocación de esta nueva ficha en una posición estratégica busca perpetuar la impunidad de la oligarquía.
Y como acto final en esta patética tragicomedia, el primer llamado a sustituir a la ahora exdiputada durante los meses que le restan a esta bancada sería otro exfuncionario de este gobierno que fue destituido por actos de corrupción: el excónsul en Nicaragua Víctor Láscarez. ¿Y el segundo en la lista? Jorge Arturo Sánchez Zúñiga, quien fue removido de su cargo como presidente ejecutivo del INVU luego de ser sorprendido manejando en estado de ebriedad un vehículo de la institución.
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