Mucho se ha discutido recientemente acerca de este tema en los últimos meses, y ha cobrado mayor vigencia luego del
juicio contra Christian Manuel Mora Cantillano y Juan Carlos Mena Jiménez, quienes fueron sentenciados el 13 de octubre pasado a 193 y 179 años respectivamente, bajo una amplia gama de cargos como homicidio calificado, tentativas de homicidio, violación, abuso sexual, privación de libertad y robo agravado. Sin embargo, ambos deberán descontar solo 50 años de prisión, dado que las leyes de Costa Rica establecen ese tope máximo.
Lo anterior, aunado a la forma en que se dieron los hechos y la ausencia de arrepentimiento y hasta una actitud burlesca de los imputados, causa indignación en una sociedad ya de por si abatida ante la creciente ola delincuencial y la imposibilidad de las autoridades por controlar el asunto. Y eso que en este caso se logro capturar, juzgar y condenar a los culpables, pero resulta inexplicable como permanecían en libertad teniendo causas pendientes en el momento en que cometieron el delito, así como una prolongada investigación en curso por al menos un caso de doble homicidio realizado mediante un método similar. Además, la condenatoria se logro principalmente porque 2 de las victimas lograron sobrevivir y brindar un comprometedor testimonio. Pero lo normal y recurrente en los últimos tiempos ha sido la impunidad, y consecuentemente el ciudadano ha tenido que vivir constantemente atemorizado, viéndose en la necesidad de limitar sus actividades y estilo de vida, mientras que criminales con amplio expediente circulan a su libre antojo por nuestras calles.
La polémica se ha encendido alrededor de argumentos como la validez o necesidad de implementar la pena de muerte para estos casos, y esto es tema para otro post, pero todas las expresiones reflejan la impotencia y frustración que prevalece en nuestro país alrededor del tema de la inseguridad. En fin, existen discrepancias en cuanto a las medidas que deben adoptarse, pero es un hecho que la situación se esta tornando insostenible. Y la solución es en realidad compleja e integral, abarcando desde la educación y la inversión social en general hasta una reforma a fondo de las normativas penales y procesales. En un extremo tenemos una problemática de valores y oportunidades, que requiere un enfoque preventivo, mientras que en el otro un tema relacionado con las medidas correctivas, donde saltan los actuales vacíos y obsolescencias en el sistema regulatorio. Y claro está, con respecto a lo ultimo también es de vital importancia velar por la aplicación pronta y certera de las leyes que se establezcan, pues de otra forma la teoría no posee por si sola un efecto disuasorio.
Por otro lado existen serias deficiencias en el sistema penitenciario, donde las condiciones del ambiente carcelario y los mecanismos empleados no logran una efectiva reinserción social del preso. Predominan los problemas de drogadicción, violencia y desmotivación, con un deterioro aun mayor en las relaciones interpersonales, educación y desarrollo de habilidades productivas de los indiciados durante su confinamiento en estas instituciones. Así, lo que en teoría debería ser un sistema que busque la reintegración a la sociedad funciona como un simple lugar de reclusión que fomenta las conductas nocivas, conformando mas bien una especie de academia del delito.
Finalmente, considero que esa metodología de reinserción debería contemplar también la obligatoriedad de ejercer labores productivas por parte de todos los presos durante su periodo de condena. No se trata del viejo esquema de pico y pala en canteras, sino del desarrollo efectivo de destrezas y de un sentido de responsabilidad que permitan una mejor reincorporación social y laboral después de cumplida la condena. Y lo anterior cobra mayor sentido si consideramos que actualmente es el pueblo el que debe asumir los gastos para la manutención de los centros penitenciarios y su población, lo que resulta una especie de castigo para las victimas.
El problema de la inseguridad y las deficiencias del sistema
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